COVID-19 puede afectar significativamente los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en Honduras
Durante las últimas décadas Honduras logró mejorar sus indicadores de salud sexual y reproductiva: la tasa de mortalidad materna disminuyó de 108 a 60 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos entre 1997 y 2015, y se logró que un 83% de los partos fueran atendidos por personal de salud calificado en infraestructura médica adecuada, lo que incidió directamente en la disminución de la mortalidad materna y neonatal. De igual forma, entre los años 2006 y 2012 la tasa de fertilidad se redujo de 3.3 a 2.9 hijos por mujer y el uso de anticonceptivos aumentó del 56 al 64%, dándoles a las mujeres hondureñas un mayor control sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, el contexto de la pandemia de COVID-19 puede afectar estos avances debido a las necesarias restricciones impuestas para el control de la enfermedad, las cuales ponen en riesgo la continuidad de servicios de salud esenciales para mujeres y las atenciones médicas para recién nacidos, impactando de manera más directa a los grupos de población que son particularmente vulnerables, incluidas las mujeres, jóvenes y niñas más pobres, las habitantes de áreas rurales y las que pertenecen a grupos indígenas y afro-descendientes. Por ello, es imprescindible tomar acciones inmediatas, tanto de mitigación como de adaptación, a fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos y mantener los logros alcanzados en los últimos años.
Dentro de los efectos de la pandemia que ya se pueden estimar, el UNFPA indica que unas 240,000 mujeres en edad reproductiva y que están utilizando métodos anticonceptivos modernos, podrían verse afectadas por la falta de acceso a estos métodos, especialmente en municipios que tienen un mayor número de casos de COVID-19, tales como Villanueva, Choloma, San Pedro Sula, cuyos servicios de planificación familiar se mantienen cerrados o con horarios de atención restringidos. De igual forma, en lo que respecta a la cobertura de los servicios esenciales de atención relacionados con el embarazo y cuidados del recién nacido, las estimaciones sugieren que cerca de 24,000 mujeres embarazadas se verían afectadas en los municipios mencionados: no solo podrían experimentar complicaciones obstétricas durante sus embarazos y al momento del parto, sino que sus hijos recién nacidos pueden presentar problemas durante el nacimiento por no disponer de atención médica oportuna, aumentando de esta manera el número de muertes maternas y neonatales por causas prevenibles.
Por estas razones, es fundamental garantizar que, aun en el contexto de la pandemia de COVID-19, todas las mujeres tengan acceso a un parto seguro, a servicios de atención prenatal y postnatal continuos, así como a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la disponibilidad de pruebas de detección de acuerdo con las directrices y normas nacionales, especialmente en los epicentros de la pandemia.
Por otra parte, hallazgos preliminares de una evaluación rápida realizada por el equipo del UNFPA y de la Secretaría de Salud (SESAL) en servicios de salud sexual y reproductiva -especialmente de salud materna y planificación familiar- de primer nivel de atención en los municipios de Villanueva y Choloma y en los Hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez en San Pedro Sula; muestran que, aunque el 85% de los servicios visitados estaban abiertos, la demanda de la atención ha caído significativamente, en particular la atención prenatal, postnatal y de planificación familiar. Las razones asociadas a esta situación son de diversa índole pero destacan las medidas de contención, la falta de personal de salud que ha sido derivado a la atención de la emergencia, el miedo al contagio al COVID-19, así como el temor al estigma, que impide que las usuarias busquen atención médica inmediata.
En este complejo contexto, la Secretaría de Salud y el UNFPA han sumado esfuerzos para fortalecer las capacidades y asegurar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. El énfasis se ha establecido en garantizar la salud materna en establecimientos del primer nivel de atención y en hospitales priorizados, especialmente en los municipios que tienen un nivel de afectación mayor por la pandemia de COVID-19 en Honduras e incluyendo la protección de los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de atención.